El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a sus excolaboradores Sergio y Pablo Schoklender y a un grupo de ex funcionarios públicos en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales.

El magistrado los procesó por el delito de defraudación en contra de la administración pública y sostuvo que fueron responsables del desvío de más de 200 millones de pesos que debieron ser aplicados a la construcción de viviendas, según consta en el fallo de 552 páginas al que accedió la agencia Télam.

Entre los principales ex funcionarios procesados se encuentran el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y su ex subsecretario, Abel Fatala, quienes fueron señalados como los responsables de la adjudicación de más de 700 millones de pesos de fondos públicos a la fundación que tenía como apoderados a los Schoklender.

Marínez de Giorgi sostuvo que Bonafini (a quien durante todo el fallo trata como Pastor, por su apellido de soltera) “conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación (los hermanos Schoklender) que ella misma había instituido, y que, en tal sentido, al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución”.

Sobre los hermanos Schoklender, aseguró que actuaron “en connivencia” con funcionarios públicos nacionales, que se valieron del prestigio de la fundación en materia Derechos Humanos para conseguir los fondos públicos y gestionarlos de manera indebida, sin despertar sospechas.

Para el juez, los Schocklender desviaron $206.438.454,04 de fondos destinados a obras a través de cheques y transferencias bancarias realizadas a personas y empresas (“Meldorek S.A.” y “Antártica Argentina S.A.”, entre otras) que formaron parte de la maniobra.