Por Ariana Operti

“Algunos minimizan el problema, si no hablamos, la gente que pasa por esto no sabe. No hablar es un error, el problema es el cómo. Por suerte, se está tomando más conciencia”

En 2015 el presidente Mauricio Macri promulgó la Ley Nacional de Prevención del Suicida, número 27.130. Había sido propuesta por el entonces diputado jujeño Mario Fiad, acompañado por el psicólogo Ernesto Páez y el pedagogo Martín Álvarez. Dialogamos con Álvarez para interiorizarnos sobre la norma. “Hacer un nuevo paradigma. Cambiar el foco y ampliar la ley de Derecho de Salud: esos fueron los objetivos iniciales. Fue fundamental para que saliera que no haya pugnas políticas”, explicó sobre cómo nació el proyecto.

La provincia de Santa Fe nunca adhirió a la misma, que propone en uno de sus puntos el implementar una línea telefónica gratuita para atender casos de personas que tienen el deseo o impulso de terminar con su vida para evitar que suceda. Años antes de la aprobación de la ley, en 2009, se cerró el Centro de Atención al Suicida (CAS) en Rosario, que atendía gran cantidad de llamados hasta su desaparición, En el caso de la provincia, que no adopta la legislación actual y que además dejó de contar con el CAS en la ciudad, Álvarez sostuvo: “Es una falencia del gobierno provincial. Está incumpliendo la ley”. Asimismo, reconoció que hay provincias que pese a estar adheridas no cuentan con un teléfono para la Asistencia: “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la única que lo tiene, y después Córdoba, Neuquén y Mendoza tienen un 0800 que funciona muy bien también”.

Según dijo el pedagogo, la gestión del Ministerio de Salud de la Nación anterior trabajó en la problemática, pero los avances se vieron truncados con la desaparición del mismo. “Algunos minimizan el problema, si no hablamos, la gente que pasa por esto no sabe. No hablar es un error, el problema es el cómo. Por suerte, se está tomando más conciencia”.

El hombre de 47 años, que se dedica a trabajar en la Asistencia al Suicida en Capital Federal desde hace más de veinte, relató que los números de casos aumentaron porque se registraron más gracias a la legislación. Sin embargo, aclaró: “Argentina no está tan mal en comparación con el resto del mundo”.

Álvarez se tomó un momento para opinar sobre el rol de la comunicación en casos de este estilo: “Se debe informar. Puede haber efecto imitación pero hay un protocolo interno y externo para saber cómo difundir la noticia y evitarlo”.

En consonancia, la ex coordinadora de la Red de Argentina en Suicidiología entre 2014 y 2018, Claudia Bravo, manifestó que la problemática “se visualizó más”, y eso se debe a la aprobación de la ley y a que se trabaja más en dichas situaciones. “Tenemos avances debido a la 27.130. Pusimos en agenda el tema”, acentuó.

“Cada provincia tuvo que trabajar muchísimo para la implementación, el retroceso se da cuando el Estado cierra los lugares de atención y prevención”. En este aspecto, destacó que los recursos, económicos y también humanos, son “importantes” para las ONG que trabajan en esta área y habló del “logro” que significa que la ley tome entidad para los gobiernos, y rápidamente expresó: “Los apartados de la misma son para mejorar la calidad de vida. Nadie está libre de estas situaciones”.

Más de 23 años en la docencia han llevado a la ex responsable nacional a poder asegurar: “Necesitamos hablar del tema en escuelas y con las familias. Hay que desmitificar el suicidio”.

Los casos de suicidio son una realidad en el país. El trabajo que realizan desde organizaciones y distintos organismos desde hace años, se volvió fundamental para la prevención, incluyendo la aprobación de la ley en 2015. Por ello, Bravo hizo hincapié en la importancia de no bajar los brazos: “Hay que seguir luchando y golpeando puertas para que nos escuchen las políticas públicas”.